J. Jaime Hernández
Actualización viernes 3 de noviembre 17:00 horas
(Tras una intensa campaña y una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles ACLU, Rosa María fue liberada y entregada a sus padres. Su caso, sin embargo, se ha convertido en un ejemplo de la escalada de abusos y arbitrariedades de las autoridades de migración contra la comunidad inmigrante)
(Tras una intensa campaña y una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles ACLU, Rosa María fue liberada y entregada a sus padres. Su caso, sin embargo, se ha convertido en un ejemplo de la escalada de abusos y arbitrariedades de las autoridades de migración contra la comunidad inmigrante)
“Tenemos que ser más duros, más listos y menos políticamente correctos”.
Con estas palabras Donald Trump ha justificado su planes para endurecer
las políticas migratorias y evitar un nuevo atentado terrorista como el que ha
vuelto a golpear la zona baja de Manhattan, en Nueva York, a manos de un
terrorista de origen uzbeko.
Tras escucharlo, uno se pregunta ¿y qué tiene ver esto con el caso de
Rosa María Hernández, una niña de apenas 10 años que padece de parálisis
cerebral y que ha sido tratada como el peor de los terroristas?.
¿Ser “políticamente menos correcto” equivale a separar a esta niña (con
mentalidad de 5 años), de su madre y su padre para aislarla e iniciar un
proceso de deportación?
Apenas la semana pasada, Rosa María, una menor de edad originaria de
México que llegó a Estados Unidos cuando sólo tenía 3 meses, fue interceptada
por una patrulla que intentaba arrestarla con fines de deportación.
Tras discutir con el personal médico que la acompañaba, y que les dijo
que necesitaba una operación urgente para aliviar los intensos dolores que le
provocaban cálculos en la vesícula, los agentes decidieron escoltarla y
vigilarla hasta que saliera de la intervención.
Después de esto, la arrestaron y llevaron hasta un centro de atención a
refugiados donde se mantiene a la espera de su expulsión hacia México.
Así, mientras los agentes de la patrulla fronteriza se esmeraban con el
caso de Rosa María Hernández, quien fue custodiada en todo momento como un
criminal, un joven inmigrante de origen uzbeko apuraba los últimos detalles de
su plan para lanzar un ataque terrorista en Nueva York.
Hoy, tras el desgarro de este nuevo atentado, son muchos los que se
preguntan si acaso las políticas antimigratorias que impulsó Donald Trump
durante su campaña han servido de algo para evitar el ataque que cegó la vida
de 8 personas.
¿Los planes para edificar un muro en la frontera con México permitieron
detener al joven simpatizante del Estado Islámico que las asesinó en la zona de Manhattan?.
¿La detención arbitraria de una niña de 10 años, y con parálisis
cerebral, han hecho de Estados Unidos un país más seguro?
Para los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (UCLA), que
ha decidido interponer una demanda contra la administración Trump por el
maltrato y arresto de Rosa María Hernández, la respuesta es un NO contundente.
“Hoy todos deberíamos estar indignados y alarmados de que el gobierno
persiga a una niña de 10 años con parálisis cerebral. Que la arreste después de
una cirugía y la saque de su amoroso hogar.
“Esto no solo es anticonstitucional, sino desalmado ", consideró
André Segura, director legal de la ACLO en Texas.
Por cierto, hasta el momento, ningún responsable del gobierno mexicano
ha dado la cara para defender a esta pequeña con parálisis cerebral.
En medio de esta nueva ceremonia de la confusión, los halcones de la
administración Trump han aprovechado para justificar el endurecimiento de las
políticas migratorias. Y, hacer de ello, un río revuelto de ataques y
represalias contra la comunidad inmigrante (particularmente la mexicana) que
casi siempre termina pagando la factura tras un ataque terrorista.
Como parte de esta cruzada, el presidente Trump tiene a poderosos
aliados.
Ahí están su jefe de gabinete, el ex general, John Kelly y el senador
republicano por el estado de Arkansas, Tom Cotton.
En el caso de Kelly, quien por cierto ve con muy malos ojos la posible
victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones generales de 2018, la
misión de acabar con las “ciudades santuarios” en EU se ha convertido en una de
sus prioridades.
En el caso de Cotton, se ha empeñado en reducir a la mitad la población
inmigrante mediante una drástica reforma
del sistema migratorio que pasa por la eliminación de la llamada lotería de
visas y el endurecimiento de las condiciones que permiten el reagrupamiento
familiar.
El pasado mes de julio, el presidente Enrique Peña Nieto recibió en la
residencia oficial de Los Pinos a estos dos halcones de Donald Trump en el
frente migratorio.
Por cierto, ambos acudieron a la cita acompañados por el director de la
CIA, Michael Pompeo, otro de los más leales servidores del presidente.
Como era de esperarse, durante ese encuentro, los aliados de Trump le
insistieron al presidente de México en la necesidad de reforzar su frontera sur
con Guatemala para evitar el tráfico de inmigrantes desde Centroamérica.
En otras palabras, le pidieron que siguiera encargándose del “trabajo
sucio” para evitar que los niños que huyen de la violencia en Honduras, El
Salvador y Guatemala alcancen la frontera con Estados Unidos.
Lo que no le dijeron a Peña Nieto durante ese encuentro, era el
escenario de pesadilla que le esperaba a la comunidad migrante mexicana en
Estados Unidos.
Una etapa de persecución que, hoy sabemos, se ha ensañado contra
inmigrantes indocumentados de toda condición.
Lo mismo con historial “criminal” que sin ninguna mancha en sus
antecedentes.
Como ha sido el caso de la pequeña Rosa María
Hernández, una niña que hoy recibe el mismo tratamiento que se dispensa a un
terrorista.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario