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J. Jaime Hernández
En la primavera del 2013, un alto funcionario del Departamento de Estado me hablaba de la lógica que, al parecer, se había impuesto entre algunos miembros de la diplomacia estadounidense para explicarse los drásticos giros y la evolución de un presidente entrante de México frente a su vecino del norte:
“Podría decirse que se comportan bajo la ley del péndulo”, dijo con tono entre cínico y divertido mientras se remontaba hasta los inicios de la presidencia de Felipe Calderón.
“Cuando Felipe Calderón inició su mandato, la impresión en la Casa Blanca y el Departamento de Estado era que, a diferencia de Vicente Fox, que había sido uno de los más pro estadounidenses, Calderón sería un presidente más nacionalista y más receloso de su relación con nosotros”, dijo.
“Sin embargo, al final de su mandato, Calderón se había transformado en uno de los presidentes más cercanos a la Casa Blanca, particularmente en materia de seguridad”, aseguró en referencia a la estrecha colaboración que Felipe Calderón aceptó de la administración de Barack Obama para enfrentar la encarnizada violencia y el desafío existencial de los carteles de la droga.
“Sospecho —prosiguió—, que lo mismo ocurrirá con Enrique Peña Nieto. Creo que, después de este intento por marcar distancias y revisar todos los programas de cooperación en materia de seguridad, al final volverá al carril. Porque nos necesita para enfrentar la crisis en materia de seguridad…
“Por eso digo que los últimos presidentes de México parecen comportarse bajo la ley del péndulo. Se alejan de nosotros cuando inician su mandato, pero luego, conforme avanza el tiempo y se enfrentan a los problemas principalmente en materia de seguridad, vuelven a nosotros …”
¿Ocurrirá lo mismo durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador ?
Ciertamente, la guerra contra los carteles de la droga que inauguró Felipe Calderón hizo de Estados Unidos un aliado indispensable. En el último tramo de su mandato, la autorización para el sobrevuelo secreto de drones militares sobre territorio mexicano, para dar caza a los cabecillas del narcotráfico, y para descubrir las rutas de suministro de armas y drogas, fue la cereza que coronó el pastel de una alianza sin precedentes.
La colaboración que se inició con las agencias federales, como la agencia antinarcóticos (DEA) o el US Marshals, llegó a tal grado que algunos de sus más feroces críticos consideraron que, haber dejado que los agentes de EU se metieran “hasta la cocina”, había sido un terrible error.
En el siguiente sexenio, a pesar de la cerrazón inicial de Enrique Peña Nieto a los programas de cooperación que inauguró su antecesor, con el tiempo muchos de ellos se restablecieron y expandieron con el fin de no ceder terreno a los carteles de la droga.
Y eso, a pesar de las evidencias que mostraban la penetración de los sistemas de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) sobre la clase política mexicana y algunos de sus gobernantes.
Más que la lucha contra los carteles del narcotráfico, la necesidad de contar con el apoyo de México para contener la avalancha de refugiados desde Centroamérica, convirtió al gobierno de Peña Nieto en un aliado indispensable de la Casa Blanca y el Departamento de Estado.
A tal grado, que el entonces vicepresidente Joe Biden, se encargó de trabajar y definir con México la estrategia para reforzar la frontera sur de la República Mexicana y, más tarde, ya durante la administración de Donald Trump, crear los centros de fusión para fichar a los inmigrantes que cruzaban por territorio mexicano para alcanzar la frontera de EU.
Hoy, el gobierno de México sigue supeditado a Estados Unidos en materia de seguridad. El control de la frontera norte, el obligado reforzamiento de la frontera sur, el blindaje de los controles en los aeropuertos de salida de México a EU y el establecimiento de centros de fusión para controlar a inmigrantes que llegan desde Centroamérica, han hecho de México el portero de los pobres e indeseables.
De esos que intentan por todos los medios llegar a la frontera estadounidense para solicitar asilo. Para huir de la miseria o una muerte segura en México o Centroamérica.
En febrero de 2017, ya durante la presidencia de Donald Trump, EU hacía públicas las nuevas directivas para ordenar a los agentes de migración deportar a ciudadanos de terceras naciones a la nación contigua o desde la cual cruzó la frontera.
Es decir, aquellos ciudadanos que no sean de origen mexicano, pero que hayan ingresado desde México, podrían ser retornados de forma expedita.
Cuando se dieron a conocer estas directivas, funcionarios del Departamento de Seguridad Interna (DHS) reconocieron que el tema de los menores migrantes que huyen de la violencia en Centroamérica serían un caso especial que se discutiría con el gobierno de México quien, como estado soberano, debería decidir si los aceptaba en calidad de refugiados mientras se decidían sus peticiones de asilo en EU.
Pues bien. Si hacemos caso a lo que ha publicado esta misma semana The Washington Post, los gobiernos de México y EU negocian un acuerdo que convertiría al gobierno mexicano en el responsable de la seguridad de quienes llegan con peticiones de asilo bajo el brazo desde Centroamérica para encontrar puerto seguro en la Unión Americana.
“La propuesta, conocida como ‘acuerdo seguro de un tercer país’, podría requerir que los solicitantes de asilo que transiten por México soliciten protección en esa nación y no en los Estados Unidos.
“Permitiría que los guardias fronterizos de EU rechacen a los solicitantes de asilo en los cruces fronterizos y regresen rápidamente a México a cualquier persona que ya haya ingresado ilegalmente en busca de refugio, independientemente de su nacionalidad”, según consignó The Washington Post.
De aceptar este acuerdo, México se convertirá en territorio de refugiados.
Los campamentos de familias enteras, incluidos por supuesto los menores de edad, se multiplicarían a lo largo de nuestras dos fronteras con Estados Unidos y Centroamérica.
Es decir, México volvería a su papel de portero de EU. Y, la administración de Donald Trump habría resuelto uno de sus grandes problemas, sin haber concedido a México nada a cambio.
Me pregunto si el equipo de Andrés Manuel López Obrador ha sido puesto al tanto de estas negociaciones.
