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J. Jaime Hernández
Las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio ya se encuentren a
la vuelta de la esquina. Y una vez más, pese a todas las promesas hechas, la
participación de millones de mexicanos en el extranjero ha quedado reducida a
su mínima expresión.
Entre los muchos integrantes de la diáspora mexicana, principalmente en
Estados Unidos, el carácter épico y trascendental de este proceso electoral,
sólo ha conseguido acentuar la sensación de burla y estafa que han arrastrado
durante generaciones.
Una sensación que les ha acompañado desde el momento mismo en que se
vieron obligados a abandonar su país por falta de oportunidades o por
cuestiones de supervivencia.
Durante casi 100 años, millones de mexicanos fueron víctimas de una
política de Estado que les arrebató sus derechos políticos y constitucionales.
De hecho, durante la década de los 80 y los 90, altos cargos del gobierno
mexicano reconocían en privado que esta política se había convertido en una
“razón de Estado” para evitar que los migrantes en Estados Unidos aceleraran
con su voto de castigo el colapso definitivo del PRI, tras el desgaste y
deterioro acumulados durante 70 años en el poder.
“Muchos de ellos están desinformados. No racionalizan y no entienden
bien la realidad política mexicana y votarían con la víscera, antes que con la
razón”, nos aseguraba en corto un alto cargo de la Secretaría de Gobernación a
mediados de los 80.
Hacia el año 2000, cuando el PRI perdió finalmente sus primeras
elecciones presidenciales, todas las razones de Estado que habían impedido el
voto de los mexicanos en el extranjero parecían haber caído por su propio peso.
A pesar de ello, muchos fueron los que desde las instituciones y
partidos políticos siguieron objetando y escamoteando el derecho al sufragio
desde el extranjero frente al reclamo legítimo de quienes habían sido
condenados al ostracismo político.
En el año 2006, cuando por fin se reconoció el derecho de millones de
mexicanos residentes en el extranjero a votar, muchos quisieron creer en la
voluntad política de un gobierno dispuesto a recibir con los brazos abiertos a
la diáspora mexicana en el banquete de la democracia participativa y electoral.
Tristemente, pese a todas las promesas, tras cada una de las elecciones
presidenciales que se han celebrado desde entonces, su condición de “convidados
de piedra” ha vuelto a confirmarse.
Como botón de muestra las cifras definitivas que ha ofrecido el
Instituto Nacional Electoral (INE) en el extranjero. Según estas, el total de
mexicanos que podrán ejercer su voto el próximo 1 de julio ascenderá a sólo
181,256.
Una cifra que se ha quedado muy lejos de las expectativas creadas por el
gobierno federal, las autoridades electorales y los partidos políticos. No sólo
eso. Si tomamos en cuenta que el INE informó que el proyecto del voto en el
extranjero costó 270 millones de dólares, el sufragio de los electores
mexicanos fuera de la República Mexicana será uno de los más caros en el mundo.
A pesar de que algunos funcionarios del INE han querido engatusarnos con
la teoría del “vaso medio lleno”, asegurando que la cifra de mexicanos en el
extranjero es superior a la que participó en 2012 (en total 42 mil), el número
de electores que podrían votar en este 2018 es francamente insignificante por
donde quiera que se le compare.
Por ejemplo, si tenemos en cuenta que al día de hoy en Estados Unidos
radican más de 35 millones de personas de origen mexicano (y que, de este gran
total 11.6 millones nacieron en la República Mexicana), el número de mexicanos
registrados para votar es escasamente representativo.
El porcentaje de representatividad se antoja todavía más injusto si se
le compara con el ingreso récord de divisas que han enviado los esforzados
miembros de la diáspora mexicana durante
2017.
Más de 28 mil millones de dólares. Una cifra que ha consolidado a las
remesas como la segunda fuente de ingresos en importancia, sólo por detrás de
las exportaciones automotrices.
Esta inyección de dólares, a los maltrechos bolsillos de millones de
familias mexicanas, han reducido a los inmigrantes mexicanos a su triste,
aunque irremplazable, condición de “paganos” en el plano económico, mientras
siguen siento tratados como “convidados de piedra” en la arena política.
“Por desgracia, todo esto del voto desde el extranjero, sigue siendo
pura demagogia y simulación”, aseguró Juan José Gutiérrez, de la Coalición
Derechos Plenos para los Inmigrantes en Los Angeles.
“Con las últimas cifras de electores registrados desde el extranjero,
tenemos que llegar a la conclusión de que, por desgracia, seguimos sin advertir
adelanto significativo alguno. Y lo que resulta más evidente es que la
estratagema de las autoridades mexicanas parece ser la de acallar la voz y el
deseo de cambio de los mexicanos desde el extranjero”, añadió Gutiérrez.
Por ello, añadió, “demandamos y exhortamos a quien resulte electo como
presidente de la República Mexicana que se comprometa de una vez por todas a
hacer efectivo que se deje de violar la Constitución de México y se extienda de
la forma más efectiva e inmediata el derecho de las y los mexicanos, que así lo
deseen, a votar desde cualquier parte del mundo”.
