lunes, 30 de abril de 2018

El día en que AMLO “se convirtió” en Bernie Sanders



J. Jaime Hernández




El pasado 27 de abril, durante un acto organizado por estudiantes del Tecnológico de Monterrey, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, fue ovacionado por un auditorio de jóvenes que, al final de una larga entrevista en formato de cabildo ciudadano, le gritaron a coro: ¡Presidente! … ¡Presidente!…

De forma inmediata, no pude evitar asociar esta imagen con la del senador por Vermont y ex candidato presidencial, Bernie Sanders, quien se transformó en 2016 en un remedo del flautista de Hamelin para millones de jóvenes universitarios que le siguieron entusiastas porque, simple y sencillamente, deseaban un cambio radical en la forma de entender y practicar la política en EU.

Hoy sabemos que Sanders se convirtió en el líder de un movimiento anti establishment que tropezó antes de alcanzar siquiera la nominación del partido demócrata por la candidatura presidencial.

Irónicamente, Sanders se convertiría en el aspirante presidencial que sucumbió a manos del viejo orden. De esa cúpula del partido demócrata en manos de Hillary y Bill Clinton.

De no haber sido por el matrimonio de los Clinton, Bernie Sanders quizá habría tenido mejores oportunidades para evitar la sorpresiva victoria de Donald Trump en noviembre de 2016.

Pero, bueno, esa es otra historia.

El éxito de Bernie Sanders, un anciano de más de 70 años, entre los más jóvenes y universitarios se produjo por un cúmulo de circunstancias. Entre ellas, el hartazgo de la sociedad con el poder político; la grosera desigualdad en la democracia “más avanzada e igualitaria” del planeta; la concentración del poder en muy pocas manos y el desvanecimiento del poder y la autoridad de unos partidos políticos que hoy no sólo no responden a las aspiraciones de la mayoría, sino que se han convertido en las mascotas o en las complacientes cortesanas de las grandes corporaciones.

Frente a este mosaico de agravios, hartazgo, desigualdad y descreimiento entre los ciudadanos, Bernie Sanders propuso una “revolución política” contra el sistema, contra la voracidad de Wall Street y contra esa desigualdad insultante que ha llegado en forma de segregación económica y racial en un vasto territorio de EU.

"Una campaña por la presidencia tiene que ser mucho más que una lucha para obtener votos y ser elegidos. Tiene que ayudar a educar a las personas y enseñarles a organizarse. Si podemos hacer esto, podemos cambiar la dinámica de la política durante años y años por venir”, aseguraba Sanders.

Todo este torrente de pensamientos y circunstancias vinieron a mí, cuando observé la reacción de un auditorio lleno de jóvenes en el campus Monterrey del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores.

Para dejar las cosas en claro, no es mi intención presentar al candidato presidencial de MORENA como una especie de hermano ideológico gemelo del aguerrido senador por Vermont, ni la versión mexicana de Bernie Sanders.

De eso ya se han encargado otros, como la cadena FOX de noticias, el altavoz del movimiento conservador en EU que, en febrero pasado, presentó a Andrés Manuel como “El Bernie Sanders de México” para etiquetarlo como “un populista de extrema izquierda” que se ha propuesto “expropiar, romper o acabar con los monopolios corporativos”.

¿Les resulta familiar el argumento?

El político e historiador español, Antonio Cánovas del Castillo, solía decir que “la política es el arte de aplicar en cada época, aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible”.

Y, en este sentido, me atrevería a decir que Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en un extraño compañero de viaje de Bernie Sanders por su capacidad para entender el momento, el cabreo, el hartazgo y las legítimas aspiraciones de sus conciudadanos.

A eso, y no a otra cosa, me refiero con el provocador titular de “El día en que AMLO se convirtió en Bernie Sanders”.

Una de las circunstancias que han favorecido al Movimiento de Regeneración Nacional que encabeza López Obrador, ha sido esa vertiginosa y casi imperceptible mudanza del poder político de los Palacios de Gobierno a las calles o a las plazas públicas.

No sólo en México, sino en todo el mundo.

Las razones de esta mudanza o deslave del poder político están relacionados con la corrupción y el abuso de ese poder surgido (a veces de forma cuestionable) desde las urnas. 

A ello se ha sumado,  la ausencia de un poder judicial independiente y la abismal desigualdad entre ricos y pobres.

Al mismo tiempo, hemos constatado el surgimiento de lo que algunos denominan como “nuevos micropoderes” en manos de ciudadanos que han tomado por asalto las redes sociales o las calles, robusteciendo las posibilidades de aquellos candidatos que, como Andrés Manuel López Obrador, han encontrado aliados espontáneos en aquellos que han decidido arrimar el hombro para desafiar al viejo sistema político que se resiste a morir.

Hoy, son millones los mexicanos que están hartos con la forma tan injusta y obscena en que se ha ejercido el poder en beneficio de solo unos cuantos.

En medio de este forcejeo, el poder político ha contado con la inapreciable ayuda de un determinado grupo de intelectuales, o de esos patrocinadores del sector empresarial que mascullan tras bambalinas para sumarse a las campañas de desinformación.

Son los que el candidato de MORENA ha descrito como “los alcahuetes del poder” politico.

Esos que, durante décadas, han contribuido por activa o pasiva a la construcción de una nueva desigualdad, mientras se aseguraban su mercado clientelar, su  zona de confort, poder e influencia.


Precisamente, la defensa de ese estatus. O los compromisos de algunos candidatos en liza con el poder menguante de los partidos políticos y de líderes de ademanes autoritarios, son lo que ha impedido a los adversarios de Andrés Manuel López Obrador conectar con ese electorado que ya está harto de la situación y que difícilmente aceptará un fraude.

En este sentido, al igual que Bernie Sanders, el candidato de MORENA se ha convertido en el candidato del hartazgo y la desilusión. Pero, a diferencia de Sanders, nadie desde la  estructura partidista ha intentado obstruirle el paso en su campaña por la presidencia.

Ahora sólo falta por saber si, acaso, los dueños del poder económico y político en México, estarán dispuestos a reconocer su posible victoria en las urnas.


viernes, 20 de abril de 2018

El azote de la violencia electoral que recorre México

                                                                                                                                           Foto/AFP



J. Jaime Hernández




Desde el pasado mes de febrero, el gobierno alemán emitió una alerta de seguridad —la más preocupante de los últimos años—, para advertir a sus ciudadanos sobre el riesgo de violencia en México por el ambiente abroncado de las campañas electorales que apuntan hacia un posible cambio de escenario el próximo 1 de julio.

Unas elecciones presidenciales y federales que algunos ya consideran como las más trascendentes desde 1910.

Como era de esperarse, la alerta del gobierno alemán no cayó bien en la siempre sensible piel del gobierno mexicano.

De hecho, fuentes de la cancillería confirmaron a este espacio que, nada más difundirse la alerta, la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo todo lo posible para convencer a Berlín sobre la necesidad de retirar la advertencia que afecta (según alegaron) la “derrama económica” que traen consigo los turistas alemanes a México.

Desde Berlín, pocos creyeron en este argumento. Y llegaron a la conclusión de que, lo que en realidad enfureció al gobierno no fue la posible perdida de los ingresos de sus turistas, sino la mala imagen de México en el exterior ante uno de los procesos electorales más abiertos e inciertos en la historia reciente.

Como era de esperarse, los buenos oficios de los diplomáticos mexicanos cayeron en saco roto ante la preocupación y la firmeza del gobierno alemán para proteger a sus ciudadanos frente a una situación de inseguridad que, según habían advertido en su informe, “está empeorando constantemente en muchas partes de México”.

Particularmente “en el período previo a las elecciones presidenciales, legislativas y gubernamentales del 1 de julio de 2018”.

Casi seis semanas después de emitirse esta alerta (que permanece activa), muchos son los hechos que han dado la razón al gobierno alemán. La elevada cifra de asesinatos a mansalva contra candidatos de distintas formaciones políticas, deja hoy constancia de una de las campañas electorales más sangrientas del último siglo.

Según el reporte de inteligencia elaborado por la agencia consultora Etellekt el pasado 12 de abril, sobre la “Violencia Política en México”, las agresiones contra políticos en el proceso electoral continúan en ascenso:

“Entre el 08 de septiembre de 2017 y el 08 de abril de 2018, se registraron 173 agresiones directas contra políticos, mismas que produjeron 78 asesinatos. Adicionalmente, se registraron 30 agresiones contra familiares de políticos, con un saldo de 40 víctimas. La violencia continúa
también expandiéndose geográficamente.

Estas agresiones ocurrieron en 29 entidades y 167municipios. Es decir, casi el 7% del total de municipios de México”.

En este contexto de “agresiones y violencia en el proceso electoral en ascenso”, los llamados de algunos candidatos como José Antonio Meade, para “frenar” a Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial de MORENA que se encuentra a la cabeza de las preferencias, a través de grupos de choque (como Antorcha Campesina), se ha convertido en motivo de gran preocupación para la sociedad.

Pero, también, para observadores de la realidad mexicana desde Estados Unidos y la Unión Europea que hoy más que nunca permanecen atentos a los informes sobre alertas de seguridad en México.

Esos que nunca han gustado al gobierno mexicano.

A estas alturas de la contienda por la presidencia en México, el azote de la violencia que recorre el país no pasa desapercibido en el extranjero.

El pasado 16 de abril, tras el asesinato del aspirante de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Jilotlán, en el Estado de Jalisco, Carlos Andrade, el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, planteó que los asesinatos de candidatos que participan en las elecciones de México son condenables:

“Condenamos este nuevo crimen. Es imprescindible esclarecer este asesinato y generar garantías para todos los candidatos que participan del proceso electoral.  Es el pueblo quien debe elegir candidatos y no el uso de la violencia!.”

Por el momento, los llamados a la civilidad y a la responsabilidad desde la OEA parecen no hacer mella ante la urgencia de algunos candidatos por salir del fondo del pozo de las encuestas. O para evitar por todos los medios posibles el triunfo de quien se ha convertido en el mercado de las expectativas en el “ganador inevitable” el próximo 1 de julio.

La imagen del México bronco y violento ha sido siempre motivo de gran preocupación y vergüenza para el gobierno en turno.

Ahí tenemos el sexenio de Felipe Calderón, que inauguró una batalla sin cuartel y sin una estrategia definida contra los carteles de la droga. En poco tiempo, esta lucha se transformó en una guerra civil de baja intensidad que nadie reconoce como tal, pero que ha dejado un rastro de miles de víctimas colaterales.

La guerra continúa hoy bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto con un saldo  acumulado de más de 200 mil muertos en los últimos 12 años.

Durante estos dos sexenios, la principal preocupación del gobierno en turno fue la de ocultar dentro y fuera de México el encarnizado enfrentamiento entre y contra los carteles, y el desgobierno que se extendió por distintas partes del territorio nacional.

En todo ese tiempo, una de las principales misiones del cuerpo diplomático de México acreditado en el extranjero, fue el de ocultar o edulcorar la fea imagen de un país enfrascado en una guerra civil de baja intensidad. Con una colección de fosas comunes o de territorios arrebatados a la sociedad civil para convertirlos en desplazados internos o en refugiados económicos en Estados Unidos.

Durante mucho tiempo, se quiso ocultar la forma en que miles de localidades en estados como Guerrero, Veracruz, Sinaloa o Michoacán se transformaron en Necrópolis o en una colección de pueblos fantasma. Con campos de cultivo de maíz, alfalfa o árboles frutales de limón o de aguacate que cambiaron de manos para enriquecer al crimen organizado o para extender los dominios de los carteles de la droga y sus sembradíos de amapola o mariguana.

En el curso de los últimos años, la tarea de ocultar la espiral de la violencia que asoma todos los días desde Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas o la Ciudad de México se ha convertido en una misión imposible.

Y en una realidad que define el legado de dos presidencias consecutivas desbordadas por la violencia.

Una violencia que preocupa y mucho a quienes desde el extranjero observan hoy atentos un proceso electoral que podría marcar un antes y un después en la historia reciente de México.

O colocar a toda una nación al borde del abismo.

lunes, 9 de abril de 2018

Migrantes: entre el infierno y el purgatorio

                                                                                                                       Foto/AFP




J. Jaime Hernández


Desde el mes mayo de 2011, los entonces jefes del comando norte y sur del ejército de Estados Unidos habían advertido que la frontera sur de México se había convertido en un creciente problema y que el triángulo conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras podría considerarse la zona “más peligrosa del planeta”.

Una fuente inagotable de un éxodo que empujaría a mujeres, niños y hombres que preferían huir antes que ser ejecutados frente a sus hogares por elementos del crimen organizado o las pandillas.

El kilómetro cero de un peregrinar de refugiados condenados a deambular por las fronteras de México y Estados Unidos.

La frontera sur de México se ha convertido “en un lugar muy complejo, mucho más complejo de lo que anticipé”, reconoció desde aquel entonces el jefe del Comando Norte, el almirante James Winnefeld, durante una audiencia ante el comité de servicios armados del Senado.

Durante su intervención, Winnefeld reveló algo que hoy merece la pena recuperar. El almirante aseguró que la debilidad de la frontera sur mexicana sólo podía explicarse por la falta de atención del ejercito mexicano, que se encontraba desbordado por la guerra que enfrentaba en su frontera norte donde libraba una encarnizada batalla contra los Zetas, y los carteles del Golfo y de Sinaloa,

“La última cosa que ellos (el gobierno de México) quiere hacer es abrir otro frente en el sur mientras siguen tratando de controlar el desafío que tienen en el norte”, señaló Winnefeld al explicar así la desatención del entonces gobierno de Felipe Calderón a la seguridad fronteriza de México con Guatemala.

Desde aquel entonces, Winnefeld confirmó que ante la incapacidad del gobierno mexicano, Estados Unidos había decidido trabajar “hombro con hombro” con sus vecinos del sur para tratar de contener el éxodo de migrantes que huían de la violencia en Centroamérica.

Pero sobre todo, para frenar el tráfico de drogas y de armamento que llegaba a través de la frontera con Guatemala.

La estrategia de seguridad bajo la presidencia de Calderón, quien inició una guerra que sembraría de fosas comunes el territorio nacional y elevaría la cifra de muertos a más de 200 mil durante los últimos 12 años, marcó el inicio de una era sin precedentes la colaboración de México con las agencias de inteligencia y el Pentágono.

Una estrategia que, en palabras de los críticos y detractores de Calderón, metería a los servicios de inteligencia “hasta la cocina” del aparato de seguridad en México.

El saldo de esa estrategia, que sólo atizó la violencia y expandió las fronteras de la ingobernabilidad, hoy salta a la vista.

A siete años del testimonio de Winnefeld, la falta de una estrategia bilateral que atienda las raíces del conflicto en Centroamérica esta pasando una dolorosa factura.

Estados Unidos, con su racismo e histeria detrás de los planes de Donald Trump para reforzar y militarizar la franja fronteriza.

Y en México, con un torrente de inmigrantes que son criminalizados mientras huyen de la violencia, principalmente mujeres y niños.

Hoy, tras varios años de estrategias fallidas, Estados Unidos y México vuelven la mirada hacia esa frontera que marca la división entre el infierno y el purgatorio.

El infierno, por supuesto, es Centroamérica.

Y el purgatorio, es México, ese territorio a donde millones de indocumentados de la región llegan para expiar no sus culpas, sino las de gobernantes ineptos, militares corruptos, gobiernos serviles como el mexicano y gobiernos miopes como el de Estados Unidos.

Como prueba, el sistema de identificación biométrica cuya existencia ha sido reconocido el gobierno de México. Pero sólo después de que el diario The Washington Post lo pusiera al descubierto.

Este sistema de “fichaje” ha convertido a México en una extensión del servicio de migración y aduanas. Y en una inagotable fuente de información para los centros de fusión que recaban toda la información de inteligencia que sirve a los intereses y a la seguridad de Estados Unidos.

Y, a pesar de ello, el problema sigue ahí.

En un informe difundido desde el mes de noviembre de 2015, la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) señaló que, “lejos de disuadir” o contener este éxodo de migrantes de Centroamérica hacia México y Estados Unidos, la marea de refugiados se había incrementado.

Y no solo eso, los precios que cobraban “los polleros” o “coyotes” se habían disparado.

“El aumento de las detenciones de los migrantes y refugiados potenciales de México no ha resuelto los problemas que llevaron a la "ola" de centroamericanos en la frontera con los Estados Unidos en 2014, pero ha reducido el sentido de urgencia en los Estados Unidos para apoyar a abordar las ‘causas de raíz’ de la migración”, denunció WOLA.

Aunado a ello, el problema de raíz, nunca fue abordado:

“La mejor solución para la seguridad de la frontera México-Guatemala parece clara, pero políticamente difícil. Estados Unidos debe aprobar una reforma migratoria integral que establezca reglas claras para el trabajo temporal y ofrezca una vía a la ciudadanía.

A su vez, México debería adoptar un estatus de visa especial o mecanismo similar que permita a los migrantes en tránsito y que son víctimas de violencia o abuso, acudir ante las autoridades sin temor a la deportación”, concluyó esta organización para deslizar una solución que difícilmente avanzará bajo la presidencia de Donald Trump.

Pero tampoco, mientras se mantenga la lógica colaboracionista del gobierno mexicano.