¿Aceptará convertirse México en el portero fronterizo de EU?

                               Inmigrantes de Centroamérica a su paso por México      Foto/AFP

Desde que este jueves el presidente Enrique Peña Nieto recibió a los Secretarios de Estado y de Interior de Estados Unidos, Rex Tillerson y John Kelly, una duda ha flotado en el ambiente:

¿Aceptará convertirse el gobierno mexicano en el portero fronterizo de Estados Unidos ante los planes de la administración Trump de deportar a cientos de miles inmigrantes de terceras naciones que ingresan ilegalmente desde México?

La pregunta no es ociosa. De hecho, puede convertirse en motivo de fricción en el primer encuentro entre el presidente de México y los responsables de la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

"Eso no lo vamos a aceptar, porque no tenemos por qué hacerlo y no es del interés de México", ha advertido el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, al anunciar que llevará el caso de las órdenes ejecutivas contra los inmigrantes de origen mexicano en EU hasta la ONU.

¿Pero cuál es el margen de actuación real del gobierno de México ante el gobierno de Donald Trump?


Como se sabe, en los memorandos difundidos este martes por el Departamento de Seguridad Interna (DHS) se autoriza a los agentes de migración deportar a ciudadanos de terceras naciones a la nación contigua o desde la cual cruzó la frontera.

Es decir, aquellos ciudadanos que no sean de origen mexicano, pero que hayan ingresado desde México, podrán ser retornados de forma expedita. La lista de candidatos es extensa ya que podría incluir a ciudadanos de Centroamérica, pero también de varias naciones más al sur del hemisferio como Brasil o Ecuador.

Fuentes del Departamento de Seguridad Interna (DHS) han reconocido que el tema de los deportados de terceras naciones, particularmente los niños que huyen de la violencia en Centroamérica, será objeto de una delicada negociación con México.

“El hecho de que la suerte de miles de niños de Centroamérica, que huyen de la violencia de los carteles o las pandillas, dependa de estas negociaciones es preocupante”, consideró Maria Elena Hincapié directora ejecutiva del National Immigration Law Center.

“Normalmente a estas personas se les deporta a sus países de origen. Pero, en esta ocasión, los van a deportar aún y antes de que un juez ordene su deportación”, añadió Hincapié en alusión a la expulsión y a la posible espera de estas personas en México.

En caso de una negociación exitosa en el curso de las próximas semanas o meses, México se convertirá en una especie de portero. Y, al mismo tiempo, en la antesala de espera de miles de indocumentados de terceras naciones que deberán esperar su turno para participar en las audiencias que podrían realizarse a través de videoconferencias con agentes migratorios de EU que se encargarían de estudiar su petición de asilo o de reagrupación familiar.

La pregunta obligada, ante un acuerdo potencial entre ambas naciones, es: ¿quien pagará por el mantenimiento y alojamiento de estos inmigrantes mientras esperan la decisión de un juez o un agente de migración en distintos puntos de la frontera mexicana?

¿Los estados fronterizos aceptarán convertirse en una franja de campamentos de refugiados que desbordarán los servicios públicos y supondrán un enorme desafío en materia de seguridad y derechos humanos?

Entre los meses de julio y agosto de 2014, poco más de 60 mil niños que huían de la violencia de Centroamérica inundaron los puestos fronterizos de EU. Desbordado por la situación, el gobierno de Barack Obama pidió ayuda al gobierno de México para detener esa hemorragia de refugiados que cruzaban por su territorio.

Desde entonces, podría decirse que México le hace el "trabajo sucio" a EU deportando a ciudadanos de Centroamérica y otras naciones. Para darse una idea de la lealtad (¿o servilismo?) del gobierno mexicano a su vecino del norte, habría que echarle una mirada a las más recientes cifras de deportaciones desde México hacia Centroamérica.

Entre 2013 y 2016, estas deportaciones se multiplicaron por dos. En medio de este endurecimiento, muchos ciudadanos de Centroamérica han preferido incluso pedir asilo en México, aliviando así a EU la presión de una corriente migratoria que sigue apuntando hacia el norte.

Según el último informe de Amnistía Internacional (AI), México recibió hasta octubre del 2016 un total de 6 mil 898 solicitudes de asilo, que es la cifra más alta de su historia; la mayoría de ellas de personas que huyen de la violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala.

Cuando EU tuvo que enfrentar la oleada de niños de Centroamérica, se vio obligado a acondicionar los edificios de distintas bases militares y albergues improvisados en estados como Texas o California para evitar las imágenes de niños hacinados y durmiendo con adultos en salas de detención fronterizos que dieron la vuelta al mundo. 

Sin embargo, la falta de personal y lo improvisado de los planes de alojamiento, dieron paso a denuncias de abusos contra los menores. De hecho, la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) se vio obligada a tomar cartas en el asunto y a exigir la apertura de una investigación al respecto.

La crisis de los niños de Centroamérica se resolvió gracias a la inmediata colaboración del gobierno de México que accedió a reforzar la seguridad de su frontera sur. Una seguridad que, por cierto, había descuidado al fragor de la encarnizada guerra contra los carteles de la droga en su frontera norte durante el sexenio de Felipe Calderón.

Pero, a raíz de la experiencia de EU con el manejo de la crisis de refugiados que lo desbordó en el verano del 2014, vale la pena preguntarse si el gobierno de México estará a la altura de las circunstancias en caso de aceptar el papel de portero y guardián de cientos de miles de inmigrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras o Ecuador que decidan solicitar asilo en EU.

En noviembre de 2014, el entonces vicepresidente de EU, Joe Biden, puso en marcha un Programa de Admisión de Refugiados para canalizar y estudiar, caso por caso, las peticiones de miles de niños y mujeres que solicitaban asilo o la reagrupación familiar en EU.

En aquel entonces, se dispuso una normativa para que los padres interesados en aplicar para solicitar a sus hijos menores de 21 años, lo hicieran desde Estados Unidos. La gestión se realizaba a través del Departamento de Estado mediante el rellenado del formulario DS-7699.

Acto seguido, el menor era contactado en su país de origen por la Organización Internacional de Migraciones para que el Departamento de Seguridad Interna lo entrevistara para evaluarlo.

El proceso incluía pruebas de ADN para corroborar el lazo biológico entre los niños reclamados y sus padres en Estados Unidos.

¿Será capaz México de formar parte de esta engorrosa y, sobre todo costosa, cadena de acciones y responsabilidades, mientras cientos de miles de sus connacionales huyen de las redadas y las deportaciones en EU?

Las “líneas rojas” del gobierno de México ante Trump

                       En la imagen John Kelly, Secretario de Interior y Luis Videgaray  foto/cortesía DHS

Altos funcionarios del gobierno de México han iniciado un periplo en distintas capitales del mundo para hablar de su futura estrategia y de las “líneas rojas” que han decidido fijar ante Donald Trump, ante la inminente renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN).

Un proceso en el que, por cierto, los canadienses ya han adelantado que no piensan guardar las espaldas de los mexicanos a los que siempre han visto como los invitados no deseados o indignos de sentarse a una mesa de negociación “para dos”.

Es decir, entre Estados Unidos y Canadá.

Durante los encuentros con los representantes de distintos gobiernos, los funcionarios mexicanos han adelantado que la estrategia para negociar ante Trump será lo más parecido al esquema de la enchilada completa.

Pero en una versión mucho más extendida. Algo así como “The Whole Enchilada Plus”

En resumen, a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, México buscará incorporar los temas de seguridad y migración. Ponerlo todo sobre la mesa para utilizar la seguridad fronteriza —principalmente la de Guatemala—, como un poderoso factor de negociación.

Y, al mismo tiempo, tratar de encontrar un terreno en común en el frente migratorio.

Según algunos funcionarios mexicanos, las “líneas rojas”, serán el tratamiento de Estados Unidos a los más de 6 millones de inmigrantes de origen mexicano que hoy viven en un ambiente de desconcierto y zozobra.

Es decir, convertir los derechos humanos de los mexicanos en EU en un capítulo irrenunciable.

Pero, además, dentro del capítulo de las “líneas rojas”, también se encuentran las remesas que envían los inmigrantes mexicanos y que se han convertido en la línea de flotación del gobierno de México y de millones de familias que se quedaron esperando el milagro de las reformas estructurales.

El tratar de convertir los temas de seguridad y migración, como palanca de negociación para evitar perder aún más terreno en el ámbito comercial, parece una buena estrategia.

Sin embargo, quizá ha llegado el momento de introducir a la negociación el postergado tema de la legalización de las drogas. Un tema que permitiría a México robustecer su capacidad negociadora ante Estados Unidos y combatir al mismo tiempo desde el frente legal y comercial el desafío de los carteles de la droga y, a la administración Trump, hacer frente a esa epidemia en el consumo de opiáceos y heroína en algunos estados de la costa este en la Unión Americana.

Cuando los Secretarios de Estado y de Seguridad Interna, Rex Tillerson y John Kelly visiten México, ambos participarán en una suerte de primer tanteo con sus contrapartes mexicanas.

De hecho, el Secretario de Relaciones Exteriores de México ya ha comenzado a definir los temas que estarán en la mesa de negociación. Según la oficina de John Kelly, durante su reciente encuentro en Washington con Luis Videgaray, los temas discutidos fueron el desarrollo e interconexión en el frente económico, la seguridad fronteriza y el futuro manejo de los repatriados o deportados hacia México.

En este sentido, aunque desde México se ha insistido en que se redoblarán los mecanismos de defensa de los inmigrantes en Estados Unidos, también es cierto que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores saben muy bien que no le quedará más remedio que cooperar con el proceso de repatriaciones de miles de sus ciudadanos durante la presidencia de Donald Trump.

De la misma forma que lo hicieron, por cierto, bajo la presidencia de Barack Obama que se convirtió en el “deportador en jefe” de más de 2 millones de indocumentados mexicanos.

Por tanto, cuando los funcionarios del gobierno mexicano aseguran que las “líneas rojas” de su negociación con Donald Trump serán los derechos humanos de sus connacionales en Estados Unidos, también es cierto que en esa batalla se incluirá la colaboración con el proceso de una repatriación ordenada.

En este sentido, podría decirse que más que “líneas rojas” que buscarán disuadir a Donald Trump en los distintos frentes de negociación, al gobierno de México sólo le quedará el recurso de los “lineamientos de cooperación” con su vecino del norte.

Como por ejemplo, organizando comités de recepción como el que encabezó el presidente Peña Nieto esta misma semana en el aeropuerto de la Ciudad de México para que los paisanos humillados y criminalizados durante el proceso de expulsión desde EU, tengan un recibimiento de héroes en esa patria que los vio partir por falta de oportunidades o que los expulsó ante el avance de esa espiral de la violencia incontrolada en distintos puntos del país.

En defensa del “México expulsado”

En defensa del "México Expulsado"  Foto/Xinhua

El presidente Enrique Peña Nieto no ha perdido la oportunidad para mostrar compasión durante el recibimiento de 135 inmigrantes mexicanos que fueron deportados desde Estados Unidos.

El acto, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ya es considerado por muchos como el prólogo de los cientos de miles de expulsados que sufrirán los rigores de la era Trump.

El acto encabezado por el presidente, de carácter privado pero con la conveniente asistencia de decenas de periodistas, se produce a sólo unos días de la marcha que varios grupos han organizado en la Ciudad de México para cerrar filas con el gobierno del presidente Peña Nieto.

"Esta es una marcha de apoyo a México. Para que nuestro país esté fortalecido y que el presidente sepa que tiene a todo México detrás de él dispuesto a luchar por nuestro país", aseguró con tono comedido Isabel Miranda de Wallace, de la organización Alto al Secuestro.

No hace mucho, la coalición de gobernadores estatales (CONAGO) también decidió cerrar filas en defensa de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.

Por lo visto, en un ambiente de frenesí nacionalista, las fuerzas vivas de México han decidido hacer realidad esa parte del himno mexicano que dice: "Un soldado en cada hijo te dio" para enfrentar a Donald Trump y, de paso, resucitar a Enrique Peña Nieto en las encuestas.

Resulta curiosa la forma en que el presidente Donald Trump ha conseguido la milagrosa unión de todos los mexicanos en defensa de la dignidad nacional; apurado el reagrupamiento de las fuerzas vivas en torno al presidente Peña Nieto y la suerte de casi 6 millones de inmigrantes indocumentados que han formado parte de ese éxodo multigeneracional hacia Estados Unidos.

Y, aunque encomiable el pronunciamiento del gobierno de Enrique Peña Nieto a favor de la defensa de esa comunidad de expatriados, que hoy forman parte de ese “México expulsado”  por razones económicas o de seguridad, muchos son los que desde Estados Unidos y distintas trincheras lo ven, en el mejor de los casos, como un plan bien intencionado, pero con muchas fallas.

Y, en el peor, como “un brindis al Sol” o como una simulación, para intentar defender a los inmigrantes indocumentados de una de las peores campañas de redadas y deportaciones desde la Gran Depresión en 1929.

Una campaña de la que será imposible salvarlos a todos. Pero que ofrecerá importantes réditos políticos a quienes, desde México, se presenten como sus defensores.

Fuentes consultadas por La Jornada, que pidieron permanecer en el anonimato por la sensibilidad del gobierno mexicano en este asunto, han adelantado sus reservas con un plan que ha sido fruto de la necesidad de presentar un frente común ante Donald Trump.

Pero, además, de la urgente necesidad del gobierno de México por defender a su gente y a una de sus principales fuentes de ingreso y de estabilidad social.

“La CONAGO nos puede ayudar en esta coyuntura. Pero no tratando de replicar las funciones de la red consular en Estados Unidos”, aseguró una fuente consular en alusión a las iniciativas que de forma unilateral han tomado algunos gobiernos como el de Puebla con la contratación de abogados que asesorarán a la comunidad migrante desde la Casa de Puebla en Nueva York y Los Angeles.

“¿Qué es lo siguiente?. ¿Piensan que pueden utilizar a la Casa de Puebla como refugio de cientos de miles de inmigrantes poblanos?”, dijo en tono irónico y en referencia a las limitadas capacidades de este tipo de representaciones en EU.

Además, prosiguió, el riesgo de acciones unilaterales, implementadas por algunos gobiernos de la CONAGO, puede arrojar a muchos inmigrantes en brazos de abogados deshonestos que piden dinero por adelantado y, al final, no les resuelven nada a quienes luchan desesperadamente contra un proceso de deportación.

“En los consulados tenemos una larga experiencia con este tipo de abogados que se han especializado en estafar a nuestra gente”, aseguró esta fuente.

Para nadie es un secreto que, en medio de este tipo de crisis, abogados sin escrúpulos y oportunistas disfrazados de activistas, ven la mejor oportunidad para sacar pingües beneficios de un drama humanitario.

Un segundo elemento a tomar en cuenta, según otra fuente, es la precaria situación laboral de miles de trabajadores de la red consular mexicana. En algunos consulados, más del 60% de su personal es local, es decir, tienen contratos que se renuevan cada año.

“La mayoría de estos trabajadores no gana más de 2 mil dólares al mes y viven bajo el constante temor a no ser recontratados. (La hoy ex Secretaria de Relaciones Exteriores) Claudia Ruiz Massieu autorizó un aumento salarial del 4%, pero resulta insuficiente para quienes tienen familia y además tienen que pagar el seguro médico de su esposa e hijos”, añadió en alusión a la precariedad laboral de miles de trabajadores que se han convertido en el principal frente en defensa de la comunidad migrante.

“Sería recomendable mejorar la situación laboral de esta gente porque ellos son los que defienden a nuestros paisanos. Es urgente mejorar sus condiciones de trabajo”, añadió

Una recomendación adicional, de un funcionario que ha trabajado en la primera línea de esa defensa, es la inversión en programas de entrenamiento para personal de la red consular que podrían convertirse en una especie de “asesores jurídicos de primera instancia”.

“Tenemos muchas comunidades de inmigrantes que viven en zonas alejadas de nuestra red consular. En grandes zonas de cultivo donde, además, sus movimientos están limitados por retenes migratorios de la policía local o estatal”, puso a manera de ejemplo.

“En este tipo de casos, nuestros consulados móviles podrían incorporar a este personal entrenado en legislación migratoria de Estados Unidos para que aconsejen a nuestra gente. Para que les informen sobre qué hacer en caso de ser detenidos, a que instancia pueden acudir, o qué tipo de derechos les asisten. Esto es muy importante”, añadió.

Finalmente, un representante consular pidió a La Jornada transmitir el siguiente mensaje:

“La CONAGO nos debería apoyar asesorando a esa red familiar en distintos estados de la República. Iniciar una intensa campaña informativa para que los familiares de un inmigrante sepan que hacer en caso de que su ser querido sea detenido”, aseguró.

“Por ejemplo. Los familiares deberían recomendar a su esposo, padre o hijo crear una cuenta bancaria y enviar por correo una tarjeta de débito a sus familiares en México. De esta manera, en caso de ser detenido, la familia podría retirar los fondos desde una sucursal en México con esa tarjeta.

“Este es sólo un ejemplo del tipo de cosas que la CONAGO podría hacer, en lugar de tratar de replicar en EU funciones que ya realizan los consulados mexicanos”, dijo.

“Pero, al final —sentenció—, la CONAGO tendría que entender que la red consular del gobierno de México estará muy limitada a la hora de defender a casi 6 millones de inmigrantes de indocumentados.

“Deberían prepararse para recibir a cientos de miles porque no nos será posible rescatar a todos de esta anunciada campaña de redadas y deportaciones”.