James Comey, director del FBI Foto/AP
El popular comediante, Steve Colbert, se ha preguntado ¿quien va a
limpiar la mierda? una vez que concluyan las elecciones a la presidencia en
Estados Unidos.
La pregunta que Colbert ha lanzado, como título del programa que
transmitirá en directo el próximo martes 8 de noviembre, mientras millones de
ciudadanos observan atentos el escrutinio electoral y aguardan ansiosos el
nombre del ganador o ganadora, es de difícil respuesta.
Aunque una cosa es segura: la tarea de limpieza será insuficiente para
ocultar o para reparar el daño causado a una democracia que se presenta a sí
misma como la más avanzada y sofisticada del planeta.
Pero que, durante más de 15 meses, ha dado muestras de lo contrario,
coqueteando incluso con la imagen de una República bananera, mientras los dos
candidatos peor valorados en la historia moderna de unas elecciones
presidenciales, se hundían en el fango de los ataques personales, los escándalos
sexuales, las historias de evasión fiscal, las tramas de los intereses creados
y el enriquecimiento a la sombra de una poderosa Fundación altruista.
Y todo esto salpimentado por el hackeo de piratas informáticos (que,
según aseguran los demócratas, están al servicio de Rusia), y unas filtraciones
de Wikileaks que no han hecho más que dejar al descubierto el entramado de los
intereses creados y el verdadero rostro de la lucha por el poder en Estados
Unidos.
En la recta final de un proceso electoral que ha sacado lo peor de la
clase política, las ruinas de una encarnizada confrontación y las víctimas
colaterales se confunden en ese campo de batalla en el que la nación ha quedado
partida en dos, con algunas de sus instituciones heridas en su credibilidad.
Ahí tenemos, por ejemplo, el maltrecho estado en que ha quedado el
Departamento de Justicia y una de sus agencias más importantes, la Agencia
Federal de Investigación (FBI), por culpa de su director, James Comey. Pero
también, por los errores de Loretta Lynch, la actual Procuradora General y
cabeza de un Departamento de Justicia que ha quedado en entredicho por el papel
jugado en la investigación de los correos electrónicos de Hilary Clinton.
Para no pocos analistas, el hecho de que Lynch se haya entrevistado el
pasado mes de junio con el ex presidente, Bill Clinton, mientras ésta realizaba
una escala en el aeropuerto de Phoenix, causó un daño innecesario para la
credibilidad de un Departamento de Justicia que esperaba el resultado de una
investigación a cargo del FBI para determinar si se imputaba o no a la
candidata demócrata, Hillary Clinton, por el manejo de información confidencial
a través de su servidor de internet personal.
Desde entonces, el tufo de la sospecha, sobre un trato tan impropio como
favorable para los Clinton, dañó la credibilidad de Lynch, persiguió a la
candidata demócrata y ofreció munición a la campaña de Donald Trump.
A los pocos días de ese encuentro, el director del FBI, James Comey,
recomendó la exoneración de Hillary Clinton. Aunque, en un comentario al calce,
la criticaba por el manejo “irresponsable” de sus correos oficiales a través de
un servidor privado.
Desde entonces, la tormenta de los correos electrónicos persiguieron a
Clinton, pero sin afectar sus aspiraciones a la presidencia. Hasta que a James
Comey se le ocurrió la pésima idea de anunciar la reapertura del expediente
para investigar una nueva partida de correos electrónicos encontrados en la
computadora del ex congresista demócrata,
Anthony Weiner, el ex esposo de Huma Abedin, la más estrecha
colaboradora de Hillary Clinton.
En contra de lo que dictan los protocolos y las políticas del
Departamento de Justicia, Comey informó sobre la existencia de una
investigación en curso. Algo que esta prohibido para no vulnerar el debido
proceso de los imputados. Pero, sobre todo, para no influir en un proceso
electoral, como ha ocurrido en este caso.
Con esta decisión, Comey rompió con una larga tradición del FBI y el
Departamento de Justicia, dañando de forma innecesaria el principio de
imparcialidad del poder judicial.
Líderes del partido demócrata, como el senador por Nevada, Harry Reid,
han acusado a Comey de violar la llamada Acta Hatch, una ley promovida por el
senador demócrata, Carl Hatch desde 1939, para penalizar con sanciones
administrativas a altos funcionarios gubernamentales que afecten con sus
acciones el devenir de un proceso electoral.
Pero, más allá de las sanciones que pueda ameritar James Comey, la
pregunta que hoy muchos se hacen es: ¿cómo recuperar la credibilidad del poder
judicial y de una agencia tan indispensable como el FBI?.
No es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sea una
institución intachable. Existen una larga lista de acciones y omisiones del
poder judicial donde ha demostrado su impericia o la flagrante violación al
derecho internacional.
Ahí tenemos la larga lista de
crímenes perpetrados por la policía contra la comunidad negra que han
quedado sin castigo. O el centro de detención militar en Guantánamo, una
aberración y una mancha en el historial de los derechos humanos en Estados
Unidos.
Pero, la obligada imparcialidad del poder judicial y del FBI en un
proceso electoral, es un factor que no sólo garantiza la credibilidad de unas
elecciones, favorece un tranquilo proceso de transición y permite un saludable
índice de gobernabilidad.
Hoy, todo esto ha quedado en entredicho, devolviendo a Estados Unidos a
la peor etapa del FBI, cuando su entonces director, Edgar Hoover, hizo del
espionaje, del acopio de información secreta y de la intervención oficiosa en
unas elecciones presidenciales su deporte favorito para mantenerse en el cargo
durante más de tres décadas.
De ahí la pertinencia de una pregunta como
la que ha lanzado Steve Colbert: ¿y quien va a limpiar la mierda después de
estas elecciones?
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