J. Jaime Hernández
Desde el mes mayo de 2011, los entonces jefes del comando norte y sur
del ejército de Estados Unidos habían advertido que la frontera sur de México
se había convertido en un creciente problema y que el triángulo conformado por
Guatemala, El Salvador y Honduras podría considerarse la zona “más peligrosa
del planeta”.
Una fuente inagotable de un éxodo que empujaría a mujeres, niños y
hombres que preferían huir antes que ser ejecutados frente a sus hogares por
elementos del crimen organizado o las pandillas.
El kilómetro cero de un peregrinar de refugiados condenados a deambular por las fronteras de
México y Estados Unidos.
La frontera sur de México se ha convertido “en un lugar muy complejo,
mucho más complejo de lo que anticipé”, reconoció desde aquel entonces el jefe
del Comando Norte, el almirante James Winnefeld, durante una audiencia ante el
comité de servicios armados del Senado.
Durante su intervención, Winnefeld reveló algo que hoy merece la pena
recuperar. El almirante aseguró que la debilidad de la frontera sur mexicana
sólo podía explicarse por la falta de atención del ejercito mexicano, que se
encontraba desbordado por la guerra que enfrentaba en su frontera norte donde
libraba una encarnizada batalla contra los Zetas, y los carteles del Golfo y de
Sinaloa,
“La última cosa que ellos (el gobierno de México) quiere hacer es abrir
otro frente en el sur mientras siguen tratando de controlar el desafío que
tienen en el norte”, señaló Winnefeld al explicar así la desatención del
entonces gobierno de Felipe Calderón a la seguridad fronteriza de México con
Guatemala.
Desde aquel entonces, Winnefeld confirmó que ante la incapacidad del
gobierno mexicano, Estados Unidos había decidido trabajar “hombro con hombro”
con sus vecinos del sur para tratar de contener el éxodo de migrantes que huían
de la violencia en Centroamérica.
Pero sobre todo, para frenar el tráfico de drogas y de armamento que
llegaba a través de la frontera con Guatemala.
La estrategia de seguridad bajo la presidencia de Calderón, quien inició
una guerra que sembraría de fosas comunes el territorio nacional y elevaría la
cifra de muertos a más de 200 mil durante los últimos 12 años, marcó el inicio
de una era sin precedentes la colaboración de México con las agencias de
inteligencia y el Pentágono.
Una estrategia que, en palabras de los críticos y detractores de
Calderón, metería a los servicios de inteligencia “hasta la cocina” del aparato
de seguridad en México.
El saldo de esa estrategia, que sólo atizó la violencia y expandió las
fronteras de la ingobernabilidad, hoy salta a la vista.
A siete años del testimonio de Winnefeld, la falta de una estrategia
bilateral que atienda las raíces del conflicto en Centroamérica esta pasando
una dolorosa factura.
Estados Unidos, con su racismo e histeria detrás de los planes de Donald
Trump para reforzar y militarizar la franja fronteriza.
Y en México, con un torrente de inmigrantes que son criminalizados
mientras huyen de la violencia, principalmente mujeres y niños.
Hoy, tras varios años de estrategias fallidas, Estados Unidos y México
vuelven la mirada hacia esa frontera que marca la división entre el infierno y
el purgatorio.
El infierno, por supuesto, es Centroamérica.
Y el purgatorio, es México, ese territorio a donde millones de
indocumentados de la región llegan para expiar no sus culpas, sino las de
gobernantes ineptos, militares corruptos, gobiernos serviles como el mexicano y
gobiernos miopes como el de Estados Unidos.
Como prueba, el sistema de identificación biométrica cuya existencia ha
sido reconocido el gobierno de México. Pero sólo después de que el diario The
Washington Post lo pusiera al descubierto.
Este sistema de “fichaje” ha convertido a México en una extensión del
servicio de migración y aduanas. Y en una inagotable fuente de información para
los centros de fusión que recaban toda la información de inteligencia que sirve
a los intereses y a la seguridad de Estados Unidos.
Y, a pesar de ello, el problema sigue ahí.
En un informe difundido desde el mes de noviembre de 2015, la
organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) señaló
que, “lejos de disuadir” o contener este éxodo de migrantes de Centroamérica
hacia México y Estados Unidos, la marea de refugiados se había incrementado.
Y no solo eso, los precios que cobraban “los polleros” o “coyotes” se habían
disparado.
“El aumento de las detenciones de los migrantes y refugiados potenciales
de México no ha resuelto los problemas que llevaron a la "ola" de
centroamericanos en la frontera con los Estados Unidos en 2014, pero ha
reducido el sentido de urgencia en los Estados Unidos para apoyar a abordar las
‘causas de raíz’ de la migración”, denunció WOLA.
Aunado a ello, el problema de raíz, nunca fue abordado:
“La mejor solución para la seguridad de la frontera México-Guatemala
parece clara, pero políticamente difícil. Estados Unidos debe aprobar una
reforma migratoria integral que establezca reglas claras para el trabajo
temporal y ofrezca una vía a la ciudadanía.
A su vez, México debería adoptar un estatus de visa especial o mecanismo
similar que permita a los migrantes en tránsito y que son víctimas de violencia
o abuso, acudir ante las autoridades sin temor a la deportación”, concluyó esta
organización para deslizar una solución que difícilmente avanzará bajo la
presidencia de Donald Trump.
Pero tampoco, mientras se mantenga la lógica colaboracionista del
gobierno mexicano.
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