J. Jaime Hernández
Desde el pasado mes de febrero, el gobierno alemán emitió una alerta de
seguridad —la más preocupante de los últimos años—, para advertir a sus
ciudadanos sobre el riesgo de violencia en México por el ambiente abroncado de
las campañas electorales que apuntan hacia un posible cambio de escenario el
próximo 1 de julio.
Unas elecciones presidenciales y federales que algunos ya consideran
como las más trascendentes desde 1910.
Como era de esperarse, la alerta del gobierno alemán no cayó bien en la
siempre sensible piel del gobierno mexicano.
De hecho, fuentes de la cancillería confirmaron a este espacio que, nada
más difundirse la alerta, la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo todo lo
posible para convencer a Berlín sobre la necesidad de retirar la advertencia que
afecta (según alegaron) la “derrama económica” que traen consigo los turistas
alemanes a México.
Desde Berlín, pocos creyeron en este argumento. Y llegaron a la
conclusión de que, lo que en realidad enfureció al gobierno no fue la posible
perdida de los ingresos de sus turistas, sino la mala imagen de México en el
exterior ante uno de los procesos electorales más abiertos e inciertos en la
historia reciente.
Como era de esperarse, los buenos oficios de los diplomáticos mexicanos
cayeron en saco roto ante la preocupación y la firmeza del gobierno alemán para
proteger a sus ciudadanos frente a una situación de inseguridad que, según
habían advertido en su informe, “está empeorando constantemente en muchas
partes de México”.
Particularmente “en el período previo a las elecciones presidenciales,
legislativas y gubernamentales del 1 de julio de 2018”.
Casi seis semanas después de emitirse esta alerta (que permanece activa),
muchos son los hechos que han dado la razón al gobierno alemán. La elevada
cifra de asesinatos a mansalva contra candidatos de distintas formaciones
políticas, deja hoy constancia de una de las campañas electorales más
sangrientas del último siglo.
Según el reporte de inteligencia elaborado por la agencia consultora
Etellekt el pasado 12 de abril, sobre la “Violencia Política en México”, las
agresiones contra políticos en el proceso electoral continúan en ascenso:
“Entre el 08 de septiembre de 2017 y el 08 de abril de 2018, se
registraron 173 agresiones directas contra políticos, mismas que produjeron 78
asesinatos. Adicionalmente, se registraron 30 agresiones contra familiares de
políticos, con un saldo de 40 víctimas. La violencia continúa
también expandiéndose geográficamente.
Estas agresiones ocurrieron en 29 entidades y 167municipios. Es decir,
casi el 7% del total de municipios de México”.
En este contexto de “agresiones y violencia en el proceso electoral en
ascenso”, los llamados de algunos candidatos como José Antonio Meade, para
“frenar” a Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial de MORENA que
se encuentra a la cabeza de las preferencias, a través de grupos de choque
(como Antorcha Campesina), se ha convertido en motivo de gran preocupación para
la sociedad.
Pero, también, para observadores de la realidad mexicana desde Estados
Unidos y la Unión Europea que hoy más que nunca permanecen atentos a los
informes sobre alertas de seguridad en México.
Esos que nunca han gustado al gobierno mexicano.
A estas alturas de la contienda por la presidencia en México, el azote
de la violencia que recorre el país no pasa desapercibido en el extranjero.
El pasado 16 de abril, tras el asesinato del aspirante de Movimiento
Ciudadano a la alcaldía de Jilotlán, en el Estado de Jalisco, Carlos Andrade,
el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis
Almagro, planteó que los asesinatos de candidatos que participan en las
elecciones de México son condenables:
“Condenamos este nuevo crimen. Es imprescindible esclarecer este
asesinato y generar garantías para todos los candidatos que participan del
proceso electoral. Es el pueblo quien
debe elegir candidatos y no el uso de la violencia!.”
Por el momento, los llamados a la civilidad y a la responsabilidad desde
la OEA parecen no hacer mella ante la urgencia de algunos candidatos por salir
del fondo del pozo de las encuestas. O para evitar por todos los medios
posibles el triunfo de quien se ha convertido en el mercado de las expectativas
en el “ganador inevitable” el próximo 1 de julio.
La imagen del México bronco y violento ha sido siempre motivo de gran
preocupación y vergüenza para el gobierno en turno.
Ahí tenemos el sexenio de Felipe Calderón, que inauguró una batalla sin
cuartel y sin una estrategia definida contra los carteles de la droga. En poco
tiempo, esta lucha se transformó en una guerra civil de baja intensidad que
nadie reconoce como tal, pero que ha dejado un rastro de miles de víctimas
colaterales.
La guerra continúa hoy bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto con un
saldo acumulado de más de 200 mil
muertos en los últimos 12 años.
Durante estos dos sexenios, la principal preocupación del gobierno en
turno fue la de ocultar dentro y fuera de México el encarnizado enfrentamiento
entre y contra los carteles, y el desgobierno que se extendió por distintas partes del
territorio nacional.
En todo ese tiempo, una de las principales misiones del cuerpo
diplomático de México acreditado en el extranjero, fue el de ocultar o
edulcorar la fea imagen de un país enfrascado en una guerra civil de baja
intensidad. Con una colección de fosas comunes o de territorios arrebatados a
la sociedad civil para convertirlos en desplazados internos o en refugiados
económicos en Estados Unidos.
Durante mucho tiempo, se quiso ocultar la forma en que miles de
localidades en estados como Guerrero, Veracruz, Sinaloa o Michoacán se transformaron en Necrópolis
o en una colección de pueblos fantasma. Con campos de cultivo de maíz, alfalfa
o árboles frutales de limón o de aguacate que cambiaron de manos para enriquecer
al crimen organizado o para extender los dominios de los carteles de la droga y
sus sembradíos de amapola o mariguana.
En el curso de los últimos años, la tarea de ocultar la espiral de la
violencia que asoma todos los días desde Guerrero, Michoacán, Veracruz,
Tamaulipas o la Ciudad de México se ha convertido en una misión imposible.
Y en una realidad que define el legado de dos presidencias consecutivas
desbordadas por la violencia.
Una violencia que preocupa y mucho a quienes desde el extranjero observan
hoy atentos un proceso electoral que podría marcar un antes y un después en la
historia reciente de México.
O colocar a toda una nación al borde del abismo.
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