Inmigrantes de Centroamérica a su paso por México Foto/AFP
Desde que este jueves el presidente Enrique Peña Nieto recibió a los Secretarios de Estado y de Interior de Estados Unidos, Rex Tillerson y John Kelly, una duda ha flotado en el ambiente:
¿Aceptará convertirse el gobierno mexicano en el portero fronterizo de Estados Unidos ante los planes de la administración Trump de deportar a cientos de miles inmigrantes de terceras naciones que ingresan ilegalmente desde México?
La pregunta no es ociosa. De hecho, puede convertirse en motivo de fricción en el primer encuentro entre el presidente de México y los responsables de la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
"Eso no lo vamos a aceptar, porque no tenemos por qué hacerlo y no es del interés de México", ha advertido el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, al anunciar que llevará el caso de las órdenes ejecutivas contra los inmigrantes de origen mexicano en EU hasta la ONU.
¿Pero cuál es el margen de actuación real del gobierno de México ante el gobierno de Donald Trump?
Como se sabe, en los memorandos difundidos este martes por el Departamento de Seguridad Interna (DHS) se autoriza a los agentes de migración deportar a ciudadanos de terceras naciones a la nación contigua o desde la cual cruzó la frontera.
Es decir, aquellos ciudadanos que no sean de origen mexicano, pero que hayan ingresado desde México, podrán ser retornados de forma expedita. La lista de candidatos es extensa ya que podría incluir a ciudadanos de Centroamérica, pero también de varias naciones más al sur del hemisferio como Brasil o Ecuador.
Fuentes del Departamento de Seguridad Interna (DHS) han reconocido que el tema de los deportados de terceras naciones, particularmente los niños que huyen de la violencia en Centroamérica, será objeto de una delicada negociación con México.
“El hecho de que la suerte de miles de niños de Centroamérica, que huyen de la violencia de los carteles o las pandillas, dependa de estas negociaciones es preocupante”, consideró Maria Elena Hincapié directora ejecutiva del National Immigration Law Center.
“Normalmente a estas personas se les deporta a sus países de origen. Pero, en esta ocasión, los van a deportar aún y antes de que un juez ordene su deportación”, añadió Hincapié en alusión a la expulsión y a la posible espera de estas personas en México.
En caso de una negociación exitosa en el curso de las próximas semanas o meses, México se convertirá en una especie de portero. Y, al mismo tiempo, en la antesala de espera de miles de indocumentados de terceras naciones que deberán esperar su turno para participar en las audiencias que podrían realizarse a través de videoconferencias con agentes migratorios de EU que se encargarían de estudiar su petición de asilo o de reagrupación familiar.
La pregunta obligada, ante un acuerdo potencial entre ambas naciones, es: ¿quien pagará por el mantenimiento y alojamiento de estos inmigrantes mientras esperan la decisión de un juez o un agente de migración en distintos puntos de la frontera mexicana?
¿Los estados fronterizos aceptarán convertirse en una franja de campamentos de refugiados que desbordarán los servicios públicos y supondrán un enorme desafío en materia de seguridad y derechos humanos?
Entre los meses de julio y agosto de 2014, poco más de 60 mil niños que huían de la violencia de Centroamérica inundaron los puestos fronterizos de EU. Desbordado por la situación, el gobierno de Barack Obama pidió ayuda al gobierno de México para detener esa hemorragia de refugiados que cruzaban por su territorio.
Desde entonces, podría decirse que México le hace el "trabajo sucio" a EU deportando a ciudadanos de Centroamérica y otras naciones. Para darse una idea de la lealtad (¿o servilismo?) del gobierno mexicano a su vecino del norte, habría que echarle una mirada a las más recientes cifras de deportaciones desde México hacia Centroamérica.
Entre 2013 y 2016, estas deportaciones se multiplicaron por dos. En medio de este endurecimiento, muchos ciudadanos de Centroamérica han preferido incluso pedir asilo en México, aliviando así a EU la presión de una corriente migratoria que sigue apuntando hacia el norte.
Según el último informe de Amnistía Internacional (AI), México recibió hasta octubre del 2016 un total de 6 mil 898 solicitudes de asilo, que es la cifra más alta de su historia; la mayoría de ellas de personas que huyen de la violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala.
Cuando EU tuvo que enfrentar la oleada de niños de Centroamérica, se vio obligado a acondicionar los edificios de distintas bases militares y albergues improvisados en estados como Texas o California para evitar las imágenes de niños hacinados y durmiendo con adultos en salas de detención fronterizos que dieron la vuelta al mundo.
Sin embargo, la falta de personal y lo improvisado de los planes de alojamiento, dieron paso a denuncias de abusos contra los menores. De hecho, la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) se vio obligada a tomar cartas en el asunto y a exigir la apertura de una investigación al respecto.
La crisis de los niños de Centroamérica se resolvió gracias a la inmediata colaboración del gobierno de México que accedió a reforzar la seguridad de su frontera sur. Una seguridad que, por cierto, había descuidado al fragor de la encarnizada guerra contra los carteles de la droga en su frontera norte durante el sexenio de Felipe Calderón.
Pero, a raíz de la experiencia de EU con el manejo de la crisis de refugiados que lo desbordó en el verano del 2014, vale la pena preguntarse si el gobierno de México estará a la altura de las circunstancias en caso de aceptar el papel de portero y guardián de cientos de miles de inmigrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras o Ecuador que decidan solicitar asilo en EU.
En noviembre de 2014, el entonces vicepresidente de EU, Joe Biden, puso en marcha un Programa de Admisión de Refugiados para canalizar y estudiar, caso por caso, las peticiones de miles de niños y mujeres que solicitaban asilo o la reagrupación familiar en EU.
En aquel entonces, se dispuso una normativa para que los padres interesados en aplicar para solicitar a sus hijos menores de 21 años, lo hicieran desde Estados Unidos. La gestión se realizaba a través del Departamento de Estado mediante el rellenado del formulario DS-7699.
Acto seguido, el menor era contactado en su país de origen por la Organización Internacional de Migraciones para que el Departamento de Seguridad Interna lo entrevistara para evaluarlo.
El proceso incluía pruebas de ADN para corroborar el lazo biológico entre los niños reclamados y sus padres en Estados Unidos.
¿Será capaz México de formar parte de esta engorrosa y, sobre todo costosa, cadena de acciones y responsabilidades, mientras cientos de miles de sus connacionales huyen de las redadas y las deportaciones en EU?
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