Del historial intervencionista de EU en México

                           En la imagen, John Kelly, Secretario de Seguridad Interna de EU       AP

El líder de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido a Estados Unidos abstenerse de intervenir en las elecciones presidenciales del 2018.

Buena suerte con ello.

Si tenemos en cuenta el largo historial intervencionista de EU en los asuntos de México y el perfil de su actual Secretario del Interior, todo parece indicar que la petición de López Obrador caerá en saco roto.

Entre otras cosas porque, el intervencionismo en nuestros asuntos internos, ha sido de larga data en la tumultuosa historia de las relaciones entre México y Estados Unidos.

Ahí tenemos el antecedente más remoto en 1848, cuando el entonces presidente de EU, James Polk intentó, en vano, aprovechar la humillante derrota de los ejércitos mexicanos para anexarse la totalidad de nuestro territorio con la complicidad de algunas de las familias más ricas de México.

Para nuestra fortuna, el victorioso general Winfield Scott se negó a obedecer al presidente Polk durante el humillante proceso de capitulación en el que a México le fueron arrebatados 2 millones 400 mil kilómetros cuadrados de territorio lo que, en aquel entonces, eran los estados de Texas, Nuevo México y California.

Desde ese infame referente histórico, han sido muchos los embates injerencistas de EU.

Como también muchos los políticos mexicanos que han facilitado esta tarea. El viejo aserto de que un candidato presidencial en México “tiene que contar con el aval o la bendición de Washington” se convirtió en una suerte de pre requisito.

En un factor a tener muy encuentra en esa complicada ecuación de la sucesión presidencial desde que el presidente Miguel Alemán (1946-1952) se convirtió en uno de los primeros en tantear los límites externos del poder presidencial ante Estados Unidos.

Aunque la lucha por la sucesión presidencial tendría que dirimirse en las urnas, lo cierto es que la batalla por las riendas de la nación también se libra de forma oficiosa en los círculos del poder de Washington.

¿Quien no recuerda la “campaña negra” orquestada por el gobierno de Felipe Calderón hacia fines de 2011, cuando acusó al PRI de tener alianzas inconfesas con los carteles de la droga?

“Hay muchos en el PRI que piensan que los arreglos del pasado (con el crimen organizado) podrían funcionar ahora. Yo no veo como pueda lograrse un acuerdo, pero es una mentalidad que muchos de ellos tienen. Y si esa opinión prevalece me preocuparía”, aseguró en aquel entonces el presidente de México durante una oportunísima entrevista con el consejo editorial del diario The New York Times, en un intento por vacunar a la opinión pública y al poder político de Estados Unidos contra el eventual retorno del PRI.

Aunque los intentos de Calderón surtieron el efecto esperado entre algunos de los halcones del partido republicano, como el senador John McCain, desde el Departamento de Estado consideraron que el entonces candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, “se merecía una oportunidad para demostrar que el PRI de los Dinosaurios había cambiado”.

Hoy resulta evidente que los “expertos” del Departamento de Estado se equivocaron en todo.

Lo mismo que las autoridades del FMI que le creyeron las supuestas bondades de sus reformas estructurales y aquella promesa de que haría crecer a México al 7%.

Pero si el gobierno de Calderón se empleó a fondo para evitar a toda costa la victoria del PRI, no es menos cierto que el equipo de Enrique Peña Nieto hizo todo lo posible para contrarrestar esta campaña de desinformación gracias a la colaboración de entusiastas aliados en el Congreso de EU.

Como el congresista demócrata por Texas, Henry Cuellar, quien se convirtió en su más vehemente defensor ante aquellos que le acusaban de ser el representante de un partido de inconfesas alianzas con los carteles de la droga que, además, suponía una vuelta al pasado.

Nunca como antes, las pasadas elecciones presidenciales en México se libraron en los pasillos del poder en Washington.

De hecho, los aspirantes a la presidencia en 2012 hicieron de sus visitas a la capital de Estados Unidos una suerte de pasarela ante los miembros del Congreso, con algunos de los consejos editoriales de importantes medios de comunicación y ante los llamados grupos de expertos y mexicanólogos que viven de su supuesto “expertise” en los asuntos de México.

Por cierto, algunos de estos centros de pensamiento (Think Tanks), que sirven de escaparate a funcionarios gubernamentales y líderes políticos de distinto signo, reciben generosos fondos del gobierno mexicano.

Por tanto, si alguien se ha encargado de invitar al poder político de EU en la dinámica de una sucesión presidencial en México, ha sido precisamente su clase política.

En este contexto, el general retirado, John Kelly, ha declarado recientemente que la administración del presidente Donald Trump tiene “un problema en México” ante la posible victoria de Andrés Manuel López Obrador en las presidenciales de 2018:

“Si la elección en México fuera mañana, probablemente se obtendría a un antiestadunidense de ala izquierdista como presidente de México. Eso no puede ser bueno para Estados Unidos”, dijo Kelly durante una reciente audiencia ante el Senado.

El problema de estas declaraciones, que se ha apresurado a rechazar el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, es que han salido de la boca de quien ha sido el jefe del comando sur y uno de los más importantes aliados de las fuerzas armadas de México.

Pero, además, uno de los más estrechos colaboradores de la CIA.

De ahí lo preocupante de un pronunciamiento que refleja, en buena medida, el pensamiento de la administración Trump y de un nutrido grupo de miembros del Congreso que comulgan con los intereses del movimiento conservador y, sobre todo, del poder corporativo que tiene mucho que perder en un país como México.